Al contratar una empresa certificada y legal como la nuestra, delegas la gestión en profesionales. Como nuestra actuación se basa en la ley (mediación y control de accesos en propiedad privada), no hay base para denuncias penales contra el propietario. De hecho, nuestra presencia suele evitar que el conflicto escale y el propietario cometa errores por desesperación.

Sí. Siempre notificamos nuestra presencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No les sustituimos, pero nuestra actuación suele facilitar la resolución del conflicto. Si los ocupantes llaman a la policía, nosotros presentamos la documentación que nos acredita como representantes de la propiedad y demostramos que estamos ejerciendo un derecho legítimo de control de acceso sin violencia.

En RAL recuperaciones utilizamos un sistema de tres fases:

Investigación: Analizamos quién está dentro y cuál es su situación.

Mediación: Negociamos una salida pactada (a veces inmediata).

Control de Accesos: Si la negociación se alarga, instalamos un control de acceso legal en la puerta de la vivienda. Esto impide que entren personas ajenas o reingresen los ocupantes una vez que salen, haciendo inviable su estancia allí.

Cada caso es único, pero la gran mayoría de nuestras intervenciones se resuelven entre 24 y 72 horas. En casos más complejos o enquistados, el proceso puede durar algo más, pero siempre es infinitamente más rápido que la vía judicial ordinaria (que puede tardar años).

Actuamos con máxima ética y responsabilidad. La presencia de menores no impide la recuperación, pero cambia la estrategia de negociación. En estos casos, podemos coordinarnos con servicios sociales o negociar ayudas puntuales para facilitar su traslado, siempre priorizando que abandonen vuestra propiedad.

El precio varía según la complejidad del caso, la ubicación y el tipo de ocupación. Sin embargo, os ofrecemos un presupuesto cerrado desde el principio. Sin sorpresas. Tened en cuenta que nuestro servicio es mucho más económico que asumir los costes de suministros, abogados, procuradores y destrozos durante los 2 años que dura un desahucio judicial.

En el mismo momento de la recuperación, os asesoramos para asegurar la vivienda. Podemos coordinar la instalación inmediata de puertas anti-okupa o sistemas de alarma conectados. Además, firmamos un documento de renuncia con los ocupantes para evitar reclamaciones futuras.

Nuestro objetivo es la rapidez. Cuanto menos tiempo pasen los ocupantes dentro, menos deterioro sufre el inmueble. La negociación suele incluir la condición de no causar daños para evitar denuncias posteriores por daños y perjuicios.